DETENIDOS DESAPARECIDOS: ¿El mayor fraude de la política chilena? 💸🕵️‍♂️😡

 Durante medio siglo el socialismo chileno ha construido una de sus narrativas más sacralizadas: la de los “detenidos desaparecidos”. Una historia repetida hasta el cansancio, grabada en los libros de historia escolar y defendida como dogmas religiosos. Sin embargo, detrás del velo de la memoria se esconde un fraude monumental: miles de pensiones, indemnizaciones y beneficios entregados a personas que jamás fueron torturadas, nunca fueron desaparecidas y en muchos casos ni siquiera cumplieron los requisitos legales para recibir los beneficios estatales. Se trata de uno de los mayores saqueos institucionalizados al bolsillo de los chilenos, ejecutado con la complicidad de partidos, burócratas y políticos que encontraron en la memoria un negocio redondo. El socialismo no buscaba justicia: buscaba renta. Y la consiguió parasitando los impuestos de millones de trabajadores.

El fraude.

La maquinaria comenzó en los años noventa, con la creación de las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2003 y 2010), que entregaron el sello oficial a miles de personas que pasaron a ser reconocidas como “víctimas de prisión política y tortura”. Aquella certificación abría la llave a pensiones vitalicias, becas de estudio, acceso a salud gratuita y otros beneficios estatales. Con el tiempo, se sumó la categoría de exonerados políticos, que otorgaba pensiones a quienes supuestamente habían perdido su empleo por motivos políticos durante la dictadura.

Pero pronto la farsa comenzó a salir a la luz.

• 2008–2011: La Contraloría General de la República detectó miles de expedientes irregulares. En 2011, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó 52 casos de falsos exonerados políticos, recomendando evaluar el cese inmediato de sus pensiones. Ese mismo año, se reveló que parlamentarios habían avalado certificados en masa: el senador Alejandro Navarro con 396, la senadora Isabel Allende con 1190 y el diputado Carlos Montes con 87, entre otros. La política actuaba como fábrica de víctimas.

• 2013: La PDI alertó e investigó a 71 personas por entregar documentos falsificados para acceder a beneficios como exonerados, lo que terminó en informes que hablaban de al menos 3.000 casos de falsos exonerados políticos dentro de un muestreo de más 9.000 expedientes revisados. esto se traduciría en un robo de mas de 60 millones de dólares cada año.

• Raúl Celpa (presidente de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos) reconoció que más de 100 mil exonerados políticos son falsos y que el gasto estatal para mantener a estas personas seria de mas de 400 millones de dolares cada año. 

• Cifras globales: Según reportes periodísticos y de fiscalización parlamentaria, el universo de beneficiarios irregulares podría ascender a miles de personas y los montos defraudados superar los 600 millones de dólares todos los años en pensiones y subsidios a costa de robarle impuestos a todos los trabajadores de Chile.

El golpe más reciente a esta narrativa ocurrió este año 2025, cuando salió a la luz el caso de Bernarda Vera, un emblema para el partico comunista de Chile, inscrita como detenida torturada y desaparecida, pero en realidad viva y residiendo en Argentina. El hallazgo encendió las alarmas: si una persona considerada “desaparecida” estaba en otro país, ¿cuántos más podrían estar en situaciones similares?

La lógica detrás de este entramado es clara: el socialismo construyó una industria de la falsa memoria. Cada certificado emitido, cada pensión entregada, era un voto comprado y un nuevo tributario obligado a financiar el mito. Las lágrimas se transformaron en dinero, la tragedia en clientelismo político. El Estado se convirtió en la máquina que lavaba la historia para convertirla en subsidio.

Conclusión

El caso de los falsos detenidos desaparecidos no es sólo un escándalo administrativo: es la prueba de que el socialismo chileno ha parasitado la memoria histórica para perpetuar su poder. Convirtieron el dolor en un negocio asqueroso, a los muertos en excusa y a todos los trabajadores del país  en víctimas silenciosas de un fraude gigantesco. Los mismos que gritaban “nunca más” instalaron una red clientelar que vive del robo legalizado a quienes producen y trabajan.

La gran mentira socialista es haber convencido a un país entero de que la falsa memoria justificaba cualquier gasto, cualquier privilegio, cualquier impuesto. Pero la verdad es brutal: los falsos desaparecidos y falsos exonerados son uno de los mayores fraudes de la política chilena. Y detrás de ese fraude no hay justicia, ni reconciliación, ni dignidad: sólo está el socialismo, siempre hambriento de dinero ajeno, siempre dispuesto a inventar mentiras para seguir robando.